16 de junio de 2009

Editorial


Está por concluir un año escolar más, el cual tuvo que ser modificado por los días que se perdieron por la epidemia de influenza que obligó a las autoridades estatales a decretar una especie de toque de queda.
Los maestros de los niveles educativos de primaria, secundaria y medio superior hacen sus mejores esfuerzos por brindarles a sus alumnos una educación de calidad, pero esto sería posible solamente si se dejaran de practicar viejos vicios que se vienen practicando en las escuelas, como el salir más temprano en los días de quincena o el suspender clases por cualquier pretexto, en días que no son oficialmente de asueto.
¿Qué caso tiene que los estudiantes acudan a sus escuelas los 200 días que marca el calendario escolar, si no cuentan con maestros a como sucede en la secundaria federal “José María Pino Suárez”, de Paraíso?
Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación en el estado (SE) deben tomar en cuenta que si cambiaran el método para evaluar el nivel educativo del país y del estado, los resultados serían otros, no serían tan catastróficos como los que arroja la prueba Enlace que, dicho sea de paso, no sirve para evaluar, por ejemplo, a los estudiantes de primaria, porque quienes la hicieron, quienes la redactaron, lo hicieron pensando en un mayor nivel educativo; la prueba Enlace de primaria tiene un nivel universitario, y para los niños eso es mucho, no hay pedagogía en ella.
La SEP ha implementado como política que la educación es asunto de todos, que debe ser compartida entre maestros, padres de familia y alumnos, pero es precisamente que esa vinculación ha faltado, porque muchos maestros no se ponen de acuerdo con los padres de familia para buscar juntos mejoras a la educación.
A estas alturas, con tantos problemas que aquejan a nuestra sociedad y con tal rezago en el sistema formativo, no es justo que por falta de acuerdos se retrase la aplicación de medidas orientadas a mejorar el nivel escolar de nuestros niños y jóvenes. Si bien los servicios educativos deben ser proporcionados por el Estado, la tarea de enseñar y preparar a las nuevas generaciones corresponde a todos.

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